En los últimos años, y particularmente en el último sexenio, México se enfrenta a una encrucijada política que plantea preguntas críticas sobre el futuro de sus instituciones y la preservación de la libertad individual. Esta reflexión es esencial, sobre todo en un contexto donde la libertad económica y el respeto a los derechos individuales han sido históricamente subestimados, en contraposición con un discurso político que promueve un mayor intervencionismo estatal. Al observar los caminos que han tomado otros países de América Latina, como Venezuela y Nicaragua, es inevitable preguntarse si México corre el riesgo de replicar estos modelos autoritarios y cómo esto podría impactar en su desarrollo económico y social.

La importancia de la libertad, tanto en el ámbito económico como en el político, no debe subestimarse. En un mundo donde las tendencias autoritarias amenazan con restringir las libertades individuales, es vital recordar que la libertad es el motor de la prosperidad y la innovación. El libre mercado, que ha sacado a millones de personas de la pobreza en los últimos dos siglos, depende de la capacidad de los individuos para tomar decisiones sobre cómo usar su propiedad, intercambiar bienes y servicios, y perseguir sus propios intereses en un marco de respeto mutuo.

Sin embargo, en México, el liberalismo económico no es popular. Defender el libre mercado, la propiedad privada, y una menor intervención gubernamental es casi un tabú, etiquetado peyorativamente como “neoliberalismo” o “tecnocracia”. Esto ha llevado a que las discusiones sobre estos temas se limiten a pequeños círculos de confianza, mientras que en el ámbito público prevalece una visión constructivista de la sociedad, donde se piensa que los políticos deben planificar y dirigir el destino económico de la nación. Esta visión no solo desafía el concepto de libertad económica, sino que también sienta las bases para un mayor control estatal sobre la vida de los ciudadanos, lo que puede derivar en una pérdida progresiva de libertades.

Este debilitamiento de la libertad individual tiene paralelismos inquietantes con las estrategias utilizadas por regímenes autoritarios en América Latina. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha consolidado un control total sobre las instituciones del Estado, convirtiendo la democracia en una fachada que oculta un gobierno autoritario y represivo (Human Rights Watch). De manera similar, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha subyugado al Poder Judicial y ha reprimido de manera sistemática a la oposición política, creando un entorno donde la democracia es una mera formalidad (Amnistía Internacional).

El caso de México es particularmente preocupante cuando se consideran las afinidades que la administración actual ha mostrado hacia estos regímenes autoritarios. La falta de crítica hacia el gobierno venezolano y la ausencia en foros internacionales donde se discuten las violaciones a la democracia en Venezuela son señales alarmantes que sugieren un alineamiento peligroso con prácticas que erosionan los cimientos democráticos (El Heraldo de México).

La lección que debe extraerse de estos ejemplos es clara: la centralización del poder y la erosión de las instituciones democráticas son pasos hacia un futuro oscuro, donde la libertad individual se ve restringida y la corrupción y la falta de rendición de cuentas se vuelven la norma. El debilitamiento del Poder Judicial, una de las instituciones más críticas para la preservación de la democracia, es un síntoma evidente de este deterioro. Un Poder Judicial independiente asegura que las leyes se apliquen de manera justa y sin influencias políticas, protegiendo los derechos de los ciudadanos y manteniendo el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado (Fundación para el Debido Proceso).

En este contexto, es esencial que México refuerce su compromiso con los principios democráticos y garantice la independencia de sus instituciones. Sin embargo, este refuerzo no puede venir solo del Estado; la vigilancia activa y la participación ciudadana son claves para evitar que el país siga el camino de otras naciones que han visto deteriorarse su sistema democrático. La defensa de la libertad, en todas sus formas, debe ser una prioridad para cualquier sociedad que aspire a un futuro próspero y justo.

La libertad económica, como lo señaló Adam Smith, es un componente fundamental para alcanzar la prosperidad: “Poco más es necesario para llevar a un Estado a su máximo nivel de opulencia, desde el más bajo barbarismo, salvo paz, bajos impuestos y una administración tolerable de justicia: el resto lo traerá el curso natural de las cosas”. Este pensamiento, que ha sido respaldado por siglos de desarrollo económico, destaca la importancia de dejar que los individuos actúen libremente dentro de un marco de reglas claras y justas, sin la interferencia constante del gobierno en sus decisiones económicas.

La historia ha demostrado que cuando se restringe la libertad económica, la sociedad no solo se empobrece materialmente, sino que también pierde la capacidad de innovar y de adaptarse a los cambios. En contraste, los países que han adoptado políticas de libre mercado y han respetado la libertad individual han logrado niveles de desarrollo y bienestar mucho mayores que aquellos que han optado por el control estatal y la planificación centralizada.

En conclusión, el futuro político de México y la preservación de la libertad individual están intrínsecamente vinculados. La tendencia actual hacia un mayor control estatal y una menor libertad económica debe ser contrarrestada con una defensa firme de los principios liberales que han demostrado ser la base de la prosperidad y el desarrollo. Es imperativo que la sociedad mexicana revalúe el valor de la libertad y evite caer en los mismos errores que han llevado a otros países de la región al autoritarismo y al estancamiento económico. Solo a través de la defensa de la libertad en todas sus formas se puede asegurar un futuro próspero y democrático para México.