El presidente López Obrador es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Méxicanos, o sea es el Ejecutivo Federal, y su función se limita a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; esto es, solo ejecutar y cumplir los mandatos establecidos legalmente.

La función de crear las leyes y modificar la Constitución, corresponde al Legislativo, que es un Parlamento, o sea un lugar para discutir, proponer, escuchar y sobretodo, acordar entre diversas fuerzas políticas, las mejores normas jurídicas para la Nación.

Así, quien en la práctica ha despojado al Legislativo de sus funciones y asumido personalmente ese poder, ha sido el presidente, autor de cada vez más y más importantes leyes y reformas constitucionales, al grado de que en ocasiones ha sido capaz de exigir, que no se le cambie ni una coma a sus iniciativas, y establecer los tiempos y las formas en que deben actuar quienes componen la mayoría legislativa, que así, más que representantes del pueblo, se han convertido en representantes incondicionales del presidente.

El Poder Judicial es el que resuelve controversias e interpreta la Constitución, las leyes y los tratados, estableciendo así, un control de Constitucionalidad, de legalidad y de convencionalidad.

Por ello, no le corresponde al Ejecutivo, y mucho menos a su Consejería Jurídica o a su Secretaría de Gobernación, ni interpretar la Constitución y las leyes, ni juzgarlas, ni mucho menos juzgar a la propia Suprema Corte. Y menos aún con los calificativos tan fuertes que usa contra otro poder constitucional.

Si en una empresa es conveniente que los encargados de la producción, sean distintos a los de control de calidad y supervisión, y que los comisarios en una sociedad mercantil deban ser ajenos a quienes tienen la mayoría de las acciones, en un estado es muy inconveniente que todos los poderes los concentre realmente un individuo, sea formalmente, o a través de un partido que tenga el control de todos los poderes.

En tal sentido, el pensar que el pueblo elija a los Ministros de la Corte, provocaría en la realidad que los tres poderes dependan de quien tenga el control del partido oficial.

La verdad es que el proyecto de AMLO no es que el pueblo elija al próximo presidente, sino que sea el mismo AMLO quien elija como sucesor o sucesora, quien le asegure su continuismo; además, busca que el propio presidente sea quien decida quienes serán los candidatos de Morena y sus partidos afines, para ser diputados y senadores, de modo que ellos le aprueben sus iniciativas de reformas constitucionales, y después tener así bajo su control a la mayoría legislativa futura, y si puede, a la mayoría calificada.

Ahora, su propuesta de que sean electos los Ministros, es claramente para contar solo con ministras y ministros similares a quienes que son sus incondicionales en la SCJN, como Jazmín Esquivel y Loretta Ortiz.

La verdad es que su plan o proyecto, siempre ha sido el llamado plan C, o sea: ser cuando deje la Presidencia, el verdadero Jefe Máximo, que de hecho, no de Derecho, sea el poder supremo, y tenga en su puño, a los tres poderes formales.

Por eso ahora, su gran lucha, se centra contra los 7 ministros y las 2 ministras, que se atrevieron a aplicar la Constitución, en contra de sus caprichos. Estos ministros calumniados, que solo han cumplido con su deber de defender la Constitución, con sus conocimientos y con su leal saber y entender.

Mario Rosales Betancourt, abogado y Maestro en Derecho. Profesor de la asignatura de Derecho en la FES Acatlán de la UNAM y en la UAM-Azcapotzalco.