«Quiero agradecer personalmente a la presidenta [Delcy] Rodríguez por trabajar de cerca, de manera pragmática y diligente con Estados Unidos para estabilizar Venezuela», dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, frente al Palacio de Miraflores en Caracas el miércoles.
Hegseth y el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López —quien actualmente enfrenta sanciones de la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos por presuntas violaciones de derechos humanos— firmaronun documento de cooperación militar para «impulsar la cooperación militar y las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Venezuela». En Caracas, Hegseth declaró que esto incluiría entrenamiento conjunto, alianzas, intercambio de inteligencia y el suministro de «equipos y capacidades de defensa». Sin embargo, los detalles del acuerdo no se han hecho públicos.
En su discurso, Hegseth relató la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses en enero, atribuyéndole el mérito de «poner fin a la guerra de décadas librada por los narcoterroristas en Venezuela contra el pueblo estadounidense y venezolano».
Hegseth afirmó que la «alianza de defensa renovada no será meramente superficial», sino que requerirá la «eliminación y erradicación de todas las redes narcoterroristas que usurpan territorio dentro de Venezuela en la actualidad». Si bien los detalles de la alianza no están claros, la declaración de Hegseth casi con certeza implica que se vislumbran nuevos ataques extrajudiciales con misiles contra barcos pesqueros, los cuales la Casa Blanca ha justificado como necesarios para detener el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.
Según The New York Times , desde septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo 72 ataques contra supuestas embarcaciones de narcotráfico, causando la muerte de al menos 244 personas. Esto incluye a 11 hombres que murieron frente a la costa noreste de Venezuela en el primer ataque contra una embarcación en septiembre de 2025. En una publicación de Truth Social, el presidente Donald Trump afirmó que los 11 eran «narcoterroristas identificados positivamente del Tren de Aragua» que transportaban narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. En septiembre, un año después del primer ataque, legisladores de 13 países de América publicaron una cartaoponiéndose a los ataques del Pentágono contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, que han resultado en cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles. Los legisladores exigieron el fin de estas flagrantes violaciones del derecho internacional.
La estrategia de ataques militares conjuntos del gobierno de Trump ha generado rechazo en algunos países latinoamericanos, como México , Guatemala y Colombia. El miércoles, el Times informó que el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, había rechazado un plan para «permitir que Estados Unidos realice operaciones militares conjuntas en su país».
También persisten las dudas sobre las justificaciones legales de la administración Trump para los ataques con embarcaciones, aunque un fallo judicial reciente podría aclarar la situación. En septiembre, el juez de distrito estadounidense Paul Engelmayer, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el argumento de la administración Trump de que no podía publicar un memorando que detallaba su justificación legal para los ataques por motivos de seguridad nacional. Si bien Engelmayer aún no se ha pronunciado sobre la publicación del memorando del gobierno, escribió queera «prácticamente seguro» que partes del memorando, incluido su «análisis presumiblemente exhaustivo de la ley que rige el programa de ataques con embarcaciones», probablemente estarían sujetas a la Ley de Libertad de Información y disponibles para su divulgación pública.
Independientemente de la justificación legal que haya inventado el Departamento de Justicia, es improbable que un memorando gubernamental convenza a los legisladores del Congreso, quienes ya han manifestado su preferencia por la dimisión de Hegseth como secretario de Defensa. Los ataques a los barcos figuraban entre los cargos que el representante Thomas Massie (republicano por Kentucky) presentó cuando intentó destituir a Hegseth a principios de este mes. Massie acusó a Hegseth de violar su deber constitucional y abusar de los poderes de su cargo al ordenar las «ejecuciones extrajudiciales». Los republicanos lograron frenar la medida al votar 211-204 a favor de remitir los artículos de destitución a un comité para su posterior estudio. Aun así, el representante Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), futuro presidente de la Cámara de Representantes, declaró a ABC News en el programa This Week que apoyaba rotundamente la destitución de Hegseth. Con la nueva mayoría demócrata cumpliendo su promesa de exigir responsabilidades a la administración, podría ser un año nuevo problemático para el secretario de Defensa.
Más allá del escrutinio del Congreso, la administración Trump pronto podría verse obligada a defender su justificación para los letales ataques a embarcaciones ante un tribunal federal. El lunes, el Times informó que 17 pescadores ecuatorianos presentaron una demanda en Pittsburgh contra Estados Unidos, alegando que drones militares estadounidenses bombardearon su embarcación en el Océano Pacífico a principios de este año. Si bien el Pentágono y la Guardia Costera han negado cualquier implicación, los pescadores afirman tener pruebas de que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el ataque. Buscan una orden que detenga los ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Esta es la segunda demanda de este tipo presentada contra la administración Trump por sus asesinatos marítimos extrajudiciales. En enero, los familiares de dos trinitenses asesinados en un ataque presentaron una demanda similar en la que calificaron las acciones del gobierno de «asesinato».
La visita a Caracas deja claro que la administración Trump prevé una mayor presencia militar estadounidense en el país, independientemente de quién gobierne Venezuela en los próximos años. Durante años, el gobierno estadounidense ha sostenido que el régimen de Maduro, incluido el actual dictador Rodríguez, era un gobierno ilegítimo que mantenía al pueblo venezolano como rehén.
Ahora, en un cruel giro irónico, la administración Trump está entablando una alianza para fortalecer los lazos militares entre Estados Unidos y un régimen acusado de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de sus propios ciudadanos.
Publicado originalmente en Reason: https://reason.com/2026/11/19/u-s-and-venezuela-enter-military-deal/
Tosin Akintola.- es un escritor independiente, con base en Washington, D.C. Fue pasante de periodismo Burton C. Gray Memorial del verano de 2025 en Reason.
