John Stuart Mill es, en general, el “liberal clásico” favorito de la izquierda moderna. En el siglo XIX, “liberalismo” significaba libre mercado, oposición a la guerra y apoyo dogmático al libre comercio generalizado. (Hoy en día, el término que más se acerca a describir el liberalismo del siglo XIX es “libertarismo”).
El laissez-faire en economía y política exterior era la postura liberal predominante, y pocos liberales dedicaban su tiempo a impulsar la «reforma social» del tipo que ahora es común entre los llamados «liberales» modernos de izquierda. La mayoría de los liberales convencionales del siglo XIX apoyaban lo que hoy llamaríamos «matrimonio tradicional», el cristianismo y la cultura burguesa común. Liberales influyentes como Lord Acton, Richard Cobden y Frédéric Bastiat estaban sumamente preocupados por el poder estatal y por limitar la coerción que el Estado ejercía sobre el sector no estatal conocido como «sociedad». Este enfoque se manifestó principalmente en críticas liberales a los impuestos, la guerra, la regulación y la centralización política.
Mill fue una excepción, razón por la cual muchos socialdemócratas modernos tienden a considerarlo, erróneamente, el arquetipo del liberal del siglo XIX. Como ha demostrado el historiador Ralph Raico en su crítica a Mill, este tenía una particular preocupación por reformar instituciones sociales como el matrimonio y la religión como parte de su programa. Mientras que la mayoría de los liberales trabajaban para limitar el poder estatal, Mill dedicó gran parte de su tiempo a condenar a las instituciones sociales del sector privado por aferrarse a la moral tradicional.
Por lo tanto, no debería sorprendernos que hoy en día los socialdemócratas intenten ensalzar a Mill como el teórico más importante entre los liberales clásicos. Es quien mejor refleja las ideas sociales de la izquierda moderna.
Sin embargo, entre la izquierda moderna rara vez se mencionan las ideas de Mill sobre el sufragio. La política de izquierda actual defiende una postura doctrinaria de sufragio universal, según la cual absolutamente todos —con la única excepción de los niños— deben tener derecho a votar. Esto se aplica incluso a personas que no saben leer o que no contribuyen en absoluto a la sociedad, ni con impuestos ni con trabajo.
En el siglo XIX, sin embargo, la idea de otorgar el voto a analfabetos y beneficiarios de ayudas sociales habría sido considerada absurda por una gran parte de la población. Este fue sin duda el caso en la política británica, donde el derecho al voto estuvo muy restringido hasta la década de 1920. En Estados Unidos , numerosos estados miembros excluyeron a los pobres del voto hasta la década de 1930. 1
Además, a lo largo de la historia del llamado liberalismo clásico —es decir, lo que hoy llamaríamos libertarismo—, las limitaciones al derecho al voto eran habituales. Desde los Levellers del siglo XVII hasta John Locke, se daba por sentado que el voto debía limitarse a quienes participaban de alguna manera en la sociedad, generalmente como contribuyentes. Sin duda, se asumía que los vagabundos y los indigentes quedarían excluidos del voto, dado que estas personas solían representar una carga para los contribuyentes. Si bien es cierto que muchos reformadores liberales, como Cobden y los jacksonianos, buscaron ampliar el derecho al voto, también reconocieron el problema de otorgarlo a prácticamente todos los hombres adultos. (Las mujeres, por supuesto, estuvieron casi totalmente excluidas hasta el siglo XX).
Las opiniones de Mill reflejaban este consenso general. Para más información al respecto, consultemos su libro Consideraciones sobre el gobierno representativo (1861). En el capítulo 8, Mill analiza ciertas exclusiones al sufragio universal masculino que, en esencia, son necesarias por el sentido común. Escribe:
Sin embargo, existen ciertas exclusiones, justificadas por razones positivas, que no contradicen este principio y que, si bien constituyen un mal en sí mismas, solo pueden eliminarse cesando la situación que las origina. Considero totalmente inadmisible que cualquier persona participe en el sufragio sin saber leer, escribir y, añadiría, realizar las operaciones aritméticas básicas.
En este punto, Mill simplemente repite la idea, casi universalmente aceptada en aquel entonces, de que cualquier persona autorizada a participar en el proceso electoral debía poseer las habilidades básicas para pensar y analizar hechos fundamentales. Hoy, por supuesto, esto se tacha de «intolerancia» y los tribunales estadounidenses prohíben cualquier prueba de alfabetización, o cualquier tipo de prueba, que pretenda determinar si los votantes son capaces de formarse una opinión informada. Desde la década de 1960, los tribunales federales estadounidenses han afirmado, en esencia, que los intentos de limitar el voto de esta manera equivalen a «racismo».
(A pesar de la hostilidad del régimen hacia la limitación del voto en términos de “contribuciones económicas”, una encuesta de 2022 sobre las actitudes políticas de los ciudadanos estadounidenses realizada por Jonas Hultin Rosenberg y Johan Wejryd mostró que “una proporción considerable de los encuestados apoya [un]… requisito de contribución económica, que restringe el derecho al voto solo a los contribuyentes”). 2
Mill también señala que el voto debería reservarse a quienes realmente se ven afectados por los impuestos. Cabe destacar que Mill no considera suficiente el pago de impuestos indirectos , como aranceles e impuestos sobre las ventas, para lograr este objetivo. Por lo tanto, sugiere que el voto debería estar vinculado únicamente a la tributación directa y que, como mínimo, los votantes deberían pagar algún tipo de impuesto electoral para establecer un vínculo similar entre la tributación y el voto.
También es importante que la asamblea que vota los impuestos, ya sean generales o locales, sea elegida exclusivamente por quienes contribuyen a su recaudación. Quienes no pagan impuestos, y disponen con su voto del dinero ajeno, tienen todo el incentivo para ser derrochadores y ninguno para ahorrar. En materia económica, cualquier poder de voto que posean constituye una violación del principio fundamental del gobierno libre; una separación entre el poder de control y el interés en su ejercicio beneficioso. Equivale a permitirles meter la mano en los bolsillos de los demás para cualquier fin que consideren público; lo cual, en algunas de las grandes ciudades de Estados Unidos, ha generado una carga impositiva local excesivamente onerosa, soportada íntegramente por las clases más adineradas. Que la representación sea proporcional a la tributación, sin limitarse a ella ni excederla, está en consonancia con la teoría de las instituciones británicas. Pero para conciliar esto, como condición inherente a la representación, con la universalidad, es esencial, como lo es por muchas otras razones, que la tributación, de forma visible, recaiga sobre la clase más pobre. En este país, y en la mayoría de los demás, probablemente no haya ninguna familia trabajadora que no contribuya a los impuestos indirectos mediante la compra de té, café, azúcar, por no mencionar los narcóticos o estimulantes. Pero esta forma de sufragar una parte de los gastos públicos apenas se percibe: el contribuyente, a menos que sea una persona instruida y reflexiva, no identifica su interés con un gasto público reducido tan estrechamente como cuando se le exige dinero directamente para su sostenimiento; e incluso suponiendo que lo hiciera, sin duda se aseguraría de que, por muy generoso que fuera el gasto que pudiera contribuir a imponer al gobierno con su voto, este no se sufragara con impuestos adicionales sobre los artículos que él mismo consume. Sería mejor que se aplicara un impuesto directo, en la forma simple de una tasa per cápita, a cada persona adulta de la comunidad…
Una vez más, el sistema legal estadounidense se ha opuesto a esta idea de sentido común alegando «racismo». Al igual que con las pruebas de alfabetización, los tribunales federales de EE. UU. han prohibido los impuestos electorales, aboliendo así la antigua política liberal de vincular los impuestos a algún tipo de «participación» económica.
Mill concluye que los “principios fundamentales” exigen negar el derecho al voto a quienes reciben asistencia social. En su época, se trataba de personas que recibían “ayudas parroquiales”, y Mill afirma que recibir beneficios sociales “debería ser una inhabilitación perentoria para el voto”. De este modo, las ayudas parroquiales se convierten en una especie de sustituto de aquellos contribuyentes con saldo negativo, es decir, personas que “no aportan nada, o aportan menos de lo que reciben”.
Sea como fuere, considero que, según los principios fundamentales, la recepción de ayuda parroquial constituye una inhabilitación perentoria para el derecho al voto. Quien no puede subsistir con su propio trabajo no tiene derecho a apropiarse del dinero ajeno. Al depender de los demás miembros de la comunidad para su subsistencia, renuncia a la igualdad de derechos en otros aspectos. Aquellos a quienes debe su propia existencia pueden, con razón, reclamar la administración exclusiva de los asuntos comunes, a los que ahora no aporta nada, o menos de lo que recibe. Como condición para el derecho al voto, debería fijarse un plazo, por ejemplo, cinco años antes del registro, durante el cual el nombre del solicitante no haya figurado en los registros parroquiales como beneficiario de ayuda. Ser declarado en quiebra no certificada, o haberse acogido a la Ley de Insolvencia, debería inhabilitar para el derecho al voto hasta que la persona haya pagado sus deudas, o al menos haya demostrado que no depende, ni ha dependido durante un largo periodo, de la caridad. El impago de impuestos, cuando persiste durante tanto tiempo que no puede deberse a una inadvertencia, debe ser motivo de inhabilitación mientras dure.
Al igual que la mayoría de los liberales del siglo XIX, Mill apoyaba un sufragio universal, pero reconocía que otorgar el voto a los parásitos y a los analfabetos era una receta para el desastre.
Para más información, consulte « Por qué los primeros libertarios se opusieron al sufragio universal ».
A continuación se presenta una selección más extensa del Capítulo 8 para proporcionar un contexto adicional:
Del capítulo 8 “Sobre la extensión del sufragio” de Consideraciones sobre el gobierno representativo (1861)
Independientemente de todas estas consideraciones, es una injusticia personal negar a cualquier persona, salvo para prevenir males mayores, el privilegio ordinario de que su voz sea tenida en cuenta en la resolución de asuntos en los que tiene el mismo interés que los demás. Si se le obliga a pagar, si puede ser obligado a luchar, si se le exige implícitamente que obedezca, debería tener derecho legal a que se le explique el motivo; a que se le pida su consentimiento y a que su opinión sea valorada, aunque no más de lo que le corresponde. No debería haber parias en una nación madura y civilizada; ninguna persona descalificada, salvo por su propia culpa. Todos se ven degradados, consciente o inconscientemente, cuando otros, sin consultarle, se arrogan un poder ilimitado para regular su destino. E incluso en un estado mucho más avanzado del que la mente humana haya alcanzado jamás, no es natural que quienes se encuentran en esta situación reciban un trato tan justo como quienes tienen voz. Los gobernantes y las clases dominantes se ven obligados a considerar los intereses y deseos de quienes tienen derecho al voto; pero de quienes quedan excluidos, depende de ellos si lo hacen o no, y, por muy buenas intenciones que tengan, suelen estar demasiado ocupados con sus obligaciones como para dedicar tiempo a aquello que pueden ignorar impunemente. Por lo tanto, ningún sistema de sufragio puede ser permanentemente satisfactorio si alguna persona o clase queda excluida de manera perentoria; si el derecho al voto no está abierto a todas las personas mayores de edad que deseen ejercerlo.
Sin embargo, existen ciertas exclusiones, justificadas por razones positivas, que no contradicen este principio y que, si bien constituyen un mal en sí mismas, solo pueden eliminarse cesando la situación que las origina. Considero totalmente inadmisible que cualquier persona participe en el sufragio sin saber leer, escribir y, añadiría, realizar las operaciones aritméticas básicas. La justicia exige, incluso cuando el sufragio no dependa de ello, que los medios para adquirir estas habilidades elementales estén al alcance de todos, ya sea de forma gratuita o a un costo que no exceda lo que pueden costear los más pobres que se ganan la vida por sí mismos. Si esto fuera realmente así, nadie pensaría en otorgar el sufragio a un hombre analfabeto, del mismo modo que no se lo otorgaría a un niño que no pudiera hablar; y no sería la sociedad la que lo excluiría, sino su propia pereza. Cuando la sociedad no ha cumplido con su deber, al no hacer accesible esta cantidad de instrucción a todos, hay cierta dificultad en el caso, pero es una dificultad que debe soportarse. Si la sociedad ha descuidado el cumplimiento de dos obligaciones solemnes, la más importante y más fundamental de las dos debe cumplirse primero: la enseñanza universal debe preceder al sufragio universal. Nadie más que aquellos en quienes una teoría a priori ha silenciado el sentido común sostendrá que el poder sobre los demás, sobre toda la comunidad, deba impartirse a personas que no han adquirido los requisitos más comunes y esenciales para cuidar de sí mismas; para perseguir inteligentemente sus propios intereses y los de las personas más cercanas a ellas. Este argumento, sin duda, podría desarrollarse más y demostrarse mucho más. Sería eminentemente deseable que otras cosas además de leer, escribir y aritmética pudieran hacerse necesarias para el sufragio; que se podría exigir a todos los electores cierto conocimiento de la conformación de la tierra, sus divisiones naturales y políticas, los elementos de la historia general y de la historia e instituciones de su propio país. Pero este tipo de conocimiento, por indispensable que sea para un uso inteligente del sufragio, no es accesible a toda la población en este país, ni probablemente en ningún otro lugar salvo en el norte de los Estados Unidos; ni existe ningún mecanismo confiable para determinar si se ha adquirido o no. El intento, en la actualidad, conduciría a la parcialidad, la astucia y todo tipo de fraude. Es mejor que el sufragio se confiera indiscriminadamente, o incluso se retenga indiscriminadamente, que se otorgue a uno y se le niegue a otro a discreción de un funcionario público. Sin embargo, en lo que respecta a la lectura, la escritura y el cálculo, no debería haber dificultad. Sería fácil exigir a todo aquel que se presentara para registrarse que, en presencia del registrador, copiara una oración de un libro en inglés,y realizar una suma según la regla de tres; y asegurar, mediante reglas fijas y publicidad completa, la aplicación honesta de una prueba tan simple. Por lo tanto, esta condición debería acompañar en todos los casos al sufragio universal; y, después de unos años, no excluiría a nadie salvo a aquellos a quienes les importaba tan poco el privilegio que su voto, de ser emitido, no sería en general un indicio de ninguna opinión política real.
También es importante que la asamblea que vota los impuestos, ya sean generales o locales, sea elegida exclusivamente por quienes contribuyen a su recaudación. Quienes no pagan impuestos, y disponen con su voto del dinero ajeno, tienen todo el incentivo para ser derrochadores y ninguno para ahorrar. En materia económica, cualquier poder de voto que posean constituye una violación del principio fundamental del gobierno libre; una separación entre el poder de control y el interés en su ejercicio beneficioso. Equivale a permitirles meter la mano en los bolsillos de los demás para cualquier fin que consideren público; lo cual, en algunas de las grandes ciudades de Estados Unidos, ha generado una carga impositiva local excesivamente onerosa, soportada íntegramente por las clases más adineradas. Que la representación sea proporcional a la tributación, sin limitarse a ella ni excederla, está en consonancia con la teoría de las instituciones británicas. Pero para conciliar esto, como condición anexa a la representación, con la universalidad, es esencial, como lo es por muchas otras razones, que la tributación, de forma visible, recaiga sobre la clase más pobre. En este país, y en la mayoría de los demás, probablemente no haya ninguna familia trabajadora que no contribuya a los impuestos indirectos, mediante la compra de té, café, azúcar, por no mencionar los narcóticos o estimulantes. Pero esta forma de sufragar una parte de los gastos públicos apenas se percibe: el contribuyente, a menos que sea una persona instruida y reflexiva, no identifica su interés con un gasto público bajo tan estrechamente como cuando se le exige dinero directamente para su sostenimiento; e incluso suponiendo que lo hiciera, sin duda se aseguraría de que, por muy generoso que fuera el gasto que pudiera, con su voto, ayudar a imponer al gobierno, no se sufragara con impuestos adicionales sobre los artículos que él mismo consume. Sería mejor que se recaudara un impuesto directo, en la forma simple de una per cápita, sobre cada persona adulta de la comunidad; o que toda persona de este tipo fuera admitida como elector al permitirse ser tasada extra ordinem en los impuestos evaluados; o que se exigiera a cada elector registrado un pequeño pago anual, que aumentara y disminuyera con el gasto bruto del país; para que así todos sintieran que el dinero que aportaban para votar era en parte suyo, y que les interesaba mantener baja su cantidad.
Sea como fuere, considero que, según los principios fundamentales, la recepción de ayuda parroquial constituye una inhabilitación perentoria para el derecho al voto. Quien no puede subsistir con su propio trabajo no tiene derecho a apropiarse del dinero ajeno. Al depender de los demás miembros de la comunidad para su subsistencia, renuncia a la igualdad de derechos en otros aspectos. Aquellos a quienes debe su propia existencia pueden, con razón, reclamar la administración exclusiva de los asuntos comunes, a los que ahora no aporta nada, o menos de lo que recibe. Como condición para el derecho al voto, debería fijarse un plazo, por ejemplo, cinco años antes del registro, durante el cual el nombre del solicitante no haya figurado en los registros parroquiales como beneficiario de ayuda. Ser declarado en quiebra no certificada, o haberse acogido a la Ley de Insolvencia, debería inhabilitar para el derecho al voto hasta que la persona haya pagado sus deudas, o al menos haya demostrado que no depende, ni ha dependido durante un largo periodo, de la caridad. El impago de impuestos, cuando persiste durante tanto tiempo que no puede deberse a una inadvertencia, debería descalificar mientras dure. Estas exclusiones no son permanentes por naturaleza. Exigen únicamente las condiciones que todos pueden, o deberían, cumplir si así lo desean. Dejan el sufragio accesible a todos los que se encuentran en la condición normal de un ser humano; y si alguien tiene que renunciar a él, o bien no le importa lo suficiente como para hacer por él lo que ya está obligado a hacer, o bien se encuentra en un estado general de depresión y degradación en el que esta pequeña contribución, necesaria para la seguridad de los demás, pasaría desapercibida, y al salir de ella, esta marca de inferioridad desaparecería con las demás.
Por lo tanto, a largo plazo (suponiendo que no existan más restricciones que las que ya hemos tratado), cabría esperar que todos, excepto la clase que, como es de esperar, está disminuyendo progresivamente, la de los beneficiarios de la asistencia parroquial, tuvieran derecho al voto, de modo que el sufragio, con esa ligera disminución, sería universal. Que se extienda de esta manera es, como hemos visto, absolutamente necesario para una concepción más amplia y elevada del buen gobierno. Sin embargo, en este caso, la gran mayoría de los votantes, en la mayoría de los países, y especialmente en este, serían trabajadores manuales; y el doble peligro, el de un nivel demasiado bajo de inteligencia política y el de una legislación clasista, persistiría en un grado muy peligroso. Queda por ver si existen medios para evitar estos males.
Son susceptibles de ser obviadas, si los hombres lo desean sinceramente; no por ningún artificio artificial, sino mediante el cumplimiento del orden natural de la vida humana, que se recomienda a cada uno en aquello en lo que no tiene interés ni opinión tradicional que se oponga. En todos los asuntos humanos, toda persona directamente interesada, y no bajo tutela activa, tiene derecho a opinar, y cuando su ejercicio no es incompatible con la seguridad del conjunto, no puede ser justamente excluida de ella. Pero si bien todos deberían tener voz, que todos tengan la misma voz es una cuestión totalmente distinta. Cuando dos personas con un interés común en un asunto difieren en opinión, ¿exige la justicia que ambas opiniones tengan exactamente el mismo valor? Si, con igual virtud, una es superior a la otra en conocimiento e inteligencia —o si, con igual inteligencia, una sobresale en virtud—, la opinión, el juicio, del ser moral o intelectual superior vale más que el del inferior; y si las instituciones del país afirman virtualmente que tienen el mismo valor, afirman algo que no es cierto. Uno de los dos, como el más sabio o mejor, tiene derecho a una opinión superior: la dificultad reside en determinar cuál de los dos es; algo imposible entre individuos, pero, considerando a las personas en conjunto, puede hacerse con cierta precisión. No habría pretensión de aplicar esta doctrina a ningún caso que razonablemente pudiera considerarse de derecho individual y privado. En un asunto que concierne solo a una de dos personas, esa tiene derecho a seguir su propia opinión, por mucho más sabia que sea la otra. Pero hablamos de asuntos que les conciernen por igual a ambos; donde, si el más ignorante no cede su parte del asunto a la guía del más sabio, este último debe someterse a la del más ignorante. ¿Cuál de estas maneras de superar la dificultad beneficia más a ambos y se ajusta mejor al orden general de las cosas? Si se considera injusto que alguno de los dos tenga que ceder, ¿cuál es la mayor injusticia? ¿Que el mejor juicio ceda ante el peor, o el peor ante el mejor?
Ahora bien, los asuntos nacionales son precisamente una preocupación común, con la diferencia de que nadie tiene que renunciar por completo a su opinión. Esta siempre puede tenerse en cuenta y valorarse, asignándose una cifra mayor a los votos de aquellos cuya opinión merece mayor peso. En este sistema, no hay nada necesariamente perjudicial para quienes tienen menor influencia. Una cosa es la exclusión total de la participación en los asuntos comunes; otra muy distinta es la concesión a otros de una voz más potente, por su mayor capacidad para gestionar los intereses comunes. Ambas cosas no solo son diferentes, sino inconmensurables. Todo el mundo tiene derecho a sentirse insultado al ser relegado a un segundo plano y considerado insignificante. Solo un necio, y de una clase muy particular, se siente ofendido al reconocer que hay otros cuya opinión, e incluso cuyo deseo, merece mayor consideración que el suyo. Nadie se somete voluntariamente a no tener voz en asuntos que le conciernen en parte; pero cuando lo que le concierne también concierne a otro, y siente que este comprende el tema mejor que él, la opinión del otro debería tener más peso que la suya, de acuerdo con sus expectativas y con el curso de los acontecimientos que suele aceptar en todos los demás asuntos de la vida. Basta con que esta influencia superior se base en razones que pueda comprender y cuya justicia pueda percibir.
Notas
- 1Véase Robert J. Steinfeld, “Propiedad y sufragio en la joven república estadounidense”, Stanford Law Review 41, (1989): 335-376.
Disponible en: https://digitalcommons.law.buffalo.edu/journal_articles/588 - 2Véase Jonas Hultin Rosenberg y Johan Wejryd, “Actitudes hacia los requisitos competitivos del derecho al voto: evidencia de un experimento conjunto”, Electoral Studies 77 (junio de 2022).
Publicado originalmente por el Mises Institute: https://mises.org/mises-wire/mill-only-net-taxpayers-ought-be-allowed-vote
Ryan McMaken es editor ejecutivo del Instituto Mises, economista y autor de dos libros: Breaking Away: The Case of Secession, Radical Decentralization, and Smaller Polities and Commie Cowboys: The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre. Ryan tiene una maestría en políticas públicas, finanzas y relaciones internacionales de la Universidad de Colorado.
X: @ryanmcmaken
