Europa busca reactivar la industria con planes, requisitos y sectores estratégicos. Sin embargo, el nudo económico precede a toda elección política: nadie sabe hoy qué producciones y tecnologías serán realmente demandadas mañana.
En Bruselas se discute cómo relanzar la industria europea. En el Consejo de Competitividad del 24 de septiembre llegaron sobre la mesa la Ley de Chips 2.0, la Ley de Aceleración Industrial, el Fondo Europeo de Competitividad y un posible Plan de Acción para los Electrodomésticos, promovido por Italia, Francia, Alemania, Polonia, España y Eslovaquia. Los sectores y las herramientas cambian, queda una pregunta: ¿hasta qué punto una autoridad pública puede saber de antemano dónde es más productivo dirigir el capital, el trabajo y la tecnología?
La Industrial Accelerator Act hace que la cuestión sea particularmente evidente. La propuesta de la Comisión tiene como objetivo fortalecer la producción europea mediante la introducción de criterios «Made in EU» y de bajas emisiones en la contratación y en los regímenes de apoyo público en sectores considerados estratégicos, como el acero, el cemento, el aluminio, la automoción y las tecnologías net-cero. No se trata solo de favorecer determinadas producciones: el mismo enfoque tiende a traducirse en un objetivo cuantitativo, ya que la Comisión indica como objetivo el aumento de la cuota de la manufactura del 14,3 por ciento del PIB europeo de 2024 al 20 por ciento para 2035. En otras palabras, no solo se quieren crear condiciones más favorables para la industria, sino también orientar la composición futura de la economía europea.
El objetivo es reducir las dependencias externas, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la capacidad de producción del continente. El problema económico surge cuando se pasa del diagnóstico a la elección de los empleos a favorecer. El futuro, de hecho, no es un dato ya disponible: nadie conoce hoy las preferencias de los consumidores del mañana, las innovaciones que rebajarán los costes, las tecnologías que se afirmarán o las destinadas a ser superadas. Tampoco es posible saber de antemano qué empresas utilizarán mejor el capital y qué inversiones resultarán ser errores. La incertidumbre no es un accidente de la actividad económica: es la condición misma en la que se toma cada decisión. El empresario afronta esta incertidumbre anticipando recursos propios. Compra, contrata, invierte y produce sobre la base de una previsión. Si los consumidores reconocen el valor del resultado, obtiene un beneficio; si la previsión era errónea, sufre una pérdida. El beneficio y la pérdida no eliminan el error, sino que lo hacen visible y obligan a corregirlo. El mercado no requiere que nadie conozca el futuro: permite a muchos formular diferentes hipótesis y verificarlas.
El mecanismo cambia cuando la autoridad selecciona un sector, incentiva una tecnología o crea una demanda a través de contratos y subvenciones. En ese momento, una parte de los recursos ya no se dirige solo por las expectativas de los empresarios y las elecciones posteriores de los consumidores, sino también por una decisión política. Las razones pueden ser la seguridad o la autonomía estratégica, pero el costo económico permanece: el capital, la mano de obra y los recursos destinados a un empleo se restan necesariamente a otros usos posibles. Es el coste que desaparece más fácilmente. Una planta salvada, una inversión facilitada o una cadena de suministro sostenida son visibles. No lo son las actividades que no nacen porque esos mismos recursos han sido absorbidos por otros empleos. El problema aumenta cuando la elección pública protege durante mucho tiempo a una inversión de las señales que, sin apoyo, habrían impuesto una revisión.
El caso de los electrodomésticos es instructivo. Los seis gobiernos promotores piden un Plan Europeo para reforzar la competitividad y la capacidad productiva del sector. El gobierno italiano también ha vinculado la iniciativa a la protección de los establecimientos y del empleo. Sin embargo, la cuestión sigue abierta: ¿cómo establecer cuánta capacidad de producción debe mantenerse, con qué tecnologías y a qué costo en comparación con los usos alternativos de los mismos recursos? Ni siquiera la expresión «sector estratégico» resuelve el problema. Un sector puede ser importante hoy en día e incluso esencial desde el punto de vista de la seguridad. De esto no se deja que sea posible saber qué tamaño tendrá dentro de diez años o qué empresas deben recibir capital mientras tanto. La estrategia puede definir prioridades políticas; no puede transformar la incertidumbre en conocimiento.
Por esta razón, la competitividad no depende solo de la cantidad de recursos que un gobierno logra movilizar. También depende del entorno en el que se toman millones de decisiones: coste de la energía, imposición, tiempos administrativos, estabilidad de las normas, acceso al capital, libertad contractual, competencia. Intervenir en estas condiciones modifica los incentivos para todos sin pretender saber de antemano quién tendrá razón. Esta es la distinción decisiva. Un plan elige una dirección; un mercado permite descubrirla a través de pruebas concurrentes. En el primer caso, el error puede financiarse durante más tiempo porque está incorporado en la decisión pública. En el segundo sigue siendo posible, pero se somete continuamente al juicio de quien compra, invierte y arriesga. Bruselas puede establecer objetivos y condiciones y destinar recursos para reducir las adicciones consideradas peligrosas. Sin embargo, no puede disponer hoy de la información que surgirá solo de las decisiones de mañana. El punto no es elegir entre el plan y la ausencia de reglas. Es reconocer que ninguna política industrial puede abolir el problema fundamental de la economía: el futuro aún está por descubrir.