La prohibición prevista de las redes sociales para menores de dieciséis años se presenta como una medida de protección. Protección de la juventud, salud mental, protección contra la manipulación: las justificaciones parecen bienintencionadas, y precisamente por eso son tan efectivas. Cualquiera que se oponga es inmediatamente sospechoso de querer dejar a los niños indefensos en el mundo digital, expuestos a los malvados gigantes tecnológicos y algoritmos.
Pero este debate es erróneo desde el principio. El verdadero objetivo de esta regulación no es proteger a los menores, sino establecer una verificación integral de la edad y la identidad en línea. Una vez implementada, afectará no solo a los jóvenes, sino a todos. Crea el marco técnico y legal para exigir que toda persona que desee expresarse en línea sea claramente identificable.
Las redes sociales son hoy el escenario central para la formación de opinión política, el debate público y las redes informales. Quien regula el acceso regula el discurso. La verificación de edad no puede implementarse sin que los usuarios demuestren su identidad. Esto elimina la posibilidad de expresarse de forma anónima o con seudónimo, una posibilidad que no es un lujo para muchos, sino una necesidad: para denunciantes, críticos y quienes tienen algo que perder profesional o socialmente. La supuesta protección de los menores sirve aquí como puerta de entrada a una nueva normalidad: hablar solo con identificación. Y todo esto, por supuesto, supuestamente para nuestra protección.
Esta lógica se aplica sin problemas a la llamada monitorización de chats, debatida durante años en la Unión Europea y que aún no se ha descartado del todo. También se justifica por la necesidad de proteger a la infancia. Y aquí también se traspasa una frontera que antes se consideraba inviolable: la comunicación privada. Si se registran los chats no por sospechas concretas, sino de forma preventiva y por principio, ya no se trata de aplicación de la ley, sino de vigilancia. El Estado accede a lo que antes se consideraba un espacio privado para el pensamiento y la conversación, protegido de la interferencia estatal. El hecho de que esto sea técnicamente automatizado y supuestamente neutral no cambia la naturaleza de la intrusión. El control sigue siendo control, incluso si se ejerce mediante algoritmos. Y todos sabemos que no se detendrá en los algoritmos. Todos sabemos que las autoridades, el gobierno, utilizarán estas capacidades.
Ambas medidas, la verificación de edad y la monitorización de chats, están profundamente entrelazadas. Saber quién habla y, al mismo tiempo, qué se dice proporciona un conjunto de herramientas que van mucho más allá de las medidas de seguridad tradicionales. Esto crea un clima en el que no es necesario prohibir nada, ya que la autocensura surge automáticamente. Las personas adaptan su lenguaje, evitan declaraciones provocativas y se lo piensan dos veces antes de expresar críticas. No porque no tengan nada que criticar, sino por precaución y miedo.
La ley de retención de datos prevista es otro ejemplo de este principio. Se ha exigido durante años con los mismos argumentos, y su utilidad ha sido cuestionada durante años. Sin embargo, la voluntad política persiste. ¿Por qué? Porque no se trata de eficiencia, sino de disponibilidad. De recopilar información a la que se pueda acceder si es necesario. Quienes almacenan datos de comunicación y movimiento no necesitan saber para qué los necesitan hoy. Basta con saber que podrían ser útiles mañana. Sobre todo cuando aumentan las tensiones sociales y las críticas se hacen más fuertes.
El euro digital encaja en este panorama. Se presenta como un avance tecnológico, como una modernización de las transacciones de pago. Pero el dinero programable y controlable no es neutral. Un sistema monetario digital controlado centralmente permite no solo la transparencia, sino también la manipulación. Los pagos pueden rastrearse, restringirse o someterse a condiciones. Ciertos gastos pueden promoverse, otros dificultarse. Un medio permanente de ejercer presión sobre sus propios ciudadanos.
Todas estas medidas rara vez se vinculan abiertamente. Aparecen como decisiones individuales, como respuestas a diferentes problemas. Solo en su totalidad revelan su efecto. Surge un sistema en el que la identidad, la comunicación, el movimiento y la actividad económica se registran, analizan y controlan cada vez más. El control se redefine como cuidado. Todo para nuestra protección. El Estado se encarga de todo.
La libertad de expresión sufre hoy en día no por una prohibición formal, sino por estar vaciada de significado. Sigue existiendo en el papel, pero está perdiendo su relevancia práctica. ¿De qué sirve el derecho a la libertad de expresión si cada expresión es rastreable, registrable y potencialmente punible? ¿Si el precio de la disidencia son repercusiones profesionales, registros domiciliarios o procedimientos legales? La represión actual no tiene por qué ser brutal para ser efectiva. Además, funciona de forma silenciosa, burocrática y aparentemente legal.
El punto crucial aquí no es la cuestión de las buenas o malas intenciones. El poder opera independientemente de los motivos. Los sistemas que facilitan el control se utilizarán tarde o temprano. Quizás no por quienes los introdujeron, sino por quienes vengan después.
La verificación de edad en redes sociales puede parecer inofensiva. No lo es. Es el comienzo de un desarrollo que no terminará con la protección de los niños, sino con la vigilancia completa de cada ciudadano digital. Quienes se nieguen a ver esta conexión la sentirán algún día. La libertad rara vez desaparece de la noche a la mañana. Se redefine poco a poco hasta que empiezas a preguntarte cuándo dejaste de hablar libremente y por qué de repente te parece arriesgado hacerlo.
Publicado originalmente en Freiheitsfunken AG: https://freiheitsfunken.info/2026/02/11/23792-digitale-kontrolle-und-meinungsfreiheit-jugendschutz-als-machtinstrument
Joana Cotar.- estudió Ciencias Políticas y Filología Alemana en la Universidad de Mannheim. Fue diputada del Bundestag alemán de 2017 a 2025, lanzó la iniciativa «Bitcoin en el Bundestag» en 2023 y desde entonces aboga por la aceptación de Bitcoin como medio de pago.
X: @JoanaCotar