En 2025, México enfrenta un momento decisivo en materia hídrica. El Congreso avanza en una reforma a la ley de aguas con la intención de consagrar el agua como un bien público estratégico y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. La reforma busca fortalecer el papel institucional de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ordenar el régimen de concesiones, impedir la especulación privada del recurso, priorizar el uso doméstico y sanitario, y tipificar sanciones severas contra el uso ilícito o especulativo del agua.

Estas transformaciones tienen un sentido importante desde una visión de justicia hídrica: recuperar el agua como bien común, limitar el abuso y proteger su uso vital para las personas. Pero desde la perspectiva de gestión sostenible e innovación hídrica que promuevo en artículos anteriores, estas normas también generan riesgos reales si no se acompañan de una apertura que permita la gestión descentralizada, comunitaria, local y modular del agua.

Exclusión de comunidades sin infraestructura central. Muchas zonas rurales, periurbanas o marginadas del país carecen de acceso a redes públicas de agua: pozos, norias, captación de lluvia, tratamiento local e infraestructura comunitaria han sido en algunos casos su única alternativa.

Si la nueva ley prohíbe o restringe excesivamente estas formas de autogestión, muchas comunidades correrán el riesgo de quedarse sin alternativas reales. Desaliento a iniciativas privadas o comunitarias de reúso, tratamiento o captación. Las sanciones elevadas por cambiar uso, transferir concesiones o reutilizar agua pueden inhibir esfuerzos de innovación local, como plantas compactas de tratamiento, reúso, captación pluvial, sistemas locales de saneamiento o soluciones adaptadas a microcuencas basadas en la naturaleza.

Fragilidad ante eventos extremos si todo depende de sistemas centralizados. Un modelo hídrico centralizado, con grandes obras e infraestructura rígida, puede fallar en situaciones de estrés como sequías, contaminación, degradación de cuencas, cambio climático, inundaciones (Como ya vimos hace algunos meses) etc.

La descentralización ofrece alternativas más resilientes, captación, infiltración, reúso, tratamiento local, humedales construidos, que, además, facilitan la regeneración del ciclo del agua desde el territorio. Pérdida de capacidad de adaptación territorial. México es diverso: climas, geografías, disponibilidad hídrica, usos culturales y económicos varían enormemente.

Un esquema uniforme y altamente centralizado deja fuera esas diferencias y limita la capacidad de comunidades, municipios y regiones para adaptar sus soluciones al contexto local. La innovación adaptada al territorio es clave y esa solo florece con libertad de gestión.

¿Por qué apostar por sistemas descentralizados, aunque cambie la ley? Creo que la reforma hídrica tiene un potencial real para mejorar la equidad y frenar la especulación. Pero para que ese potencial no se traduzca en nuevos cuellos de botella, es necesario complementar la regulación central con un marco habilitador de descentralización, autonomía local y responsabilidad comunitaria. Esto implicaría:

• Permitir legalmente microsistemas comunitarios de agua: captación de lluvia, pozos, norias, reúso, tratamiento local, infiltración, humedales construidos, compostaje de lodos, etc. • Reconocer y proteger derechos de uso comunitarios o colectivos, cuando se demuestre que sirven a múltiples familias/comunidades, con reglas claras de manejo, mantenimiento y transparencia.

• Incentivar modelos de gestión hídrica modular, privada, comunitaria o mixta en lugares donde las redes centrales no llegan o no son eficientes.

• Incorporar principios de economía circular del agua: reúso, recarga, ciclos cerrados, tratamiento descentralizado, aprovechamiento de aguas residuales, captación pluvial, etc. Esto permitiría reducir la presión sobre acuíferos y sistemas centrales, y aumentar la resiliencia hídrica local.

• Fomentar participación ciudadana, gobernanza comunitaria y transparencia, como complemento al papel regulador del Estado.

Desde esta visión, la ley no debe interpretarse como una cerrazón, sino como una oportunidad para redefinir la gestión del agua: combinando rectoría estatal con espacios legítimos de autogestión, innovación e iniciativa territorial.

En conclusión, Ley sí, pero libertad también: la reforma a la Ley de Aguas Nacionales puede representar un avance histórico para frenar abusos. Sin embargo, no bastará con concentrar el control en el Estado si no acompañamos la regulación con mecanismos de descentralización real, participación comunitaria y libertad de gestión.

Un México sostenible requiere, además de buenas leyes, poder local, iniciativa ciudadana y soluciones adaptadas al territorio. Por eso, apostamos por sistemas descentralizados del agua como complemento estructural, no como alternativa ideológica.

El agua no es solo un bien estratégico: es vida, dignidad y futuro. Cuidarla exige leyes, sí, ¡pero también libertad y responsabilidad individual!

Omar Meléndez.- Empresario mexicano, radicado en Europa, especialista en uso sostenible del agua, y activista libertario. EDS https://edsecotecnias.com |

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